Proponen eliminar los 30 años de aportes como requisito jubilatorio

Un análisis publicado por El Economista propone eliminar el requisito de 30 años de aportes para acceder a una jubilación contributiva y reemplazarlo por un esquema que reconozca los años efectivamente registrados por cada trabajador. La iniciativa sostiene que, si el haber calculado queda por debajo de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), debería aplicarse esa prestación como piso de cobertura.El planteo aparece después del vencimiento, en marzo de 2025, de la moratoria previsional y en un contexto marcado por la elevada informalidad laboral, la caída de los nacimientos y una reducción prevista en las nuevas jubilaciones. Según los datos citados en la publicación, las altas previsionales habrían pasado de 400.000 en 2024 a 300.000 en 2025, mientras que para 2026 se proyectan 200.000. La disminución se explica principalmente por la caída de las jubilaciones otorgadas mediante moratorias.

Un análisis publicado por El Economista propone eliminar el requisito de 30 años de aportes para acceder a una jubilación contributiva y reemplazarlo por un esquema que reconozca los años efectivamente registrados por cada trabajador. La iniciativa sostiene que, si el haber calculado queda por debajo de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), debería aplicarse esa prestación como piso de cobertura.

Según Fuente original, la información se basa en Hay que eliminar el requisito de 30 años de aportes para jubilarse.

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El planteo aparece después del vencimiento, en marzo de 2025, de la moratoria previsional y en un contexto marcado por la elevada informalidad laboral, la caída de los nacimientos y una reducción prevista en las nuevas jubilaciones. Según los datos citados en la publicación, las altas previsionales habrían pasado de 400.000 en 2024 a 300.000 en 2025, mientras que para 2026 se proyectan 200.000. La disminución se explica principalmente por la caída de las jubilaciones otorgadas mediante moratorias.

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Proponen eliminar años aportes requisito: Por qué se discute otra vez el requisito de 30 años

La exigencia de reunir 30 años de servicios con aportes está vinculada con la Ley 24.241, sancionada en 1993. Ese marco creó un sistema previsional mixto, integrado por un régimen público de reparto administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y un régimen privado de capitalización a cargo de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

En ese diseño original, una persona podía proyectar una prestación compuesta por un componente privado y otro público. La parte administrada por las AFJP se relacionaba con el ahorro acumulado en la cuenta individual, mientras que el acceso a la prestación completa del régimen público requería alcanzar los 30 años de aportes. La coexistencia de ambos componentes hacía que el requisito tuviera una lógica diferente de la que presenta en el sistema actual.

El régimen de capitalización fue eliminado en 2008 y los trabajadores quedaron incorporados al sistema público de reparto. Desde entonces, la exigencia de 30 años pasó a tener un peso mayor para quienes no alcanzaban esa cantidad de servicios registrados. El argumento central de la propuesta es que el requisito no fue revisado con la misma intensidad después de la desaparición de las AFJP, pese a que cambió la arquitectura previsional sobre la que había sido diseñado.

La informalidad laboral dejó a miles de personas fuera del esquema contributivo

El problema señalado en el análisis no está limitado a quienes interrumpieron voluntariamente sus trayectorias laborales. También alcanza a trabajadores que desarrollaron buena parte de su vida activa en empleos no registrados, períodos de desempleo, actividades independientes sin aportes suficientes o tareas de cuidado que no generaron contribuciones previsionales.

La publicación sostiene que aproximadamente la mitad de las personas ocupadas trabaja en la informalidad. Esa característica del mercado laboral dificulta que una parte amplia de la población reúna 30 años de aportes al llegar a la edad jubilatoria, aun cuando haya trabajado durante décadas. En esos casos, la distancia entre años de actividad y años formalmente computados puede ser considerable.

El requisito funciona, por lo tanto, como una condición binaria: quien alcanza los 30 años puede ingresar al régimen jubilatorio contributivo y quien queda por debajo debe recurrir a una prestación no contributiva o a un mecanismo excepcional. La propuesta busca reemplazar esa lógica de todo o nada por un reconocimiento gradual de los aportes realmente acreditados.

Las moratorias funcionaron como una vía excepcional durante dos décadas

Las moratorias previsionales comenzaron a utilizarse en 2005 y se extendieron durante aproximadamente 20 años, según los datos presentados en la fuente. El mecanismo permitía que una persona declarara períodos de actividad autónoma sin aportes, calculara la deuda previsional correspondiente y accediera a un plan de pagos.

Con el pago de la primera cuota, ANSES otorgaba la jubilación y descontaba las cuotas restantes durante los primeros años de cobro. El sistema permitió que personas sin los 30 años requeridos, o con una cantidad muy inferior, accedieran a una jubilación contributiva mediante la regularización de períodos no ingresados.

El análisis estima que durante ese período se otorgaron 4,5 millones de jubilaciones contributivas sin aportes suficientes. En contraste, calcula en 3 millones la cantidad de jubilaciones obtenidas con 30 años de aportes. Sobre un universo total de 7,5 millones de jubilaciones, las prestaciones originadas en moratorias representarían alrededor del 60 por ciento, de acuerdo con las cifras citadas.

Estos números explican por qué el vencimiento de la moratoria tiene efectos visibles sobre las altas nuevas. No se trata solamente de la desaparición de un trámite administrativo: se interrumpió el principal canal utilizado durante años por personas que no podían cumplir con el requisito contributivo tradicional.

Qué cambió después del vencimiento de la moratoria

La finalización de la moratoria en marzo de 2025 redujo las alternativas disponibles para quienes llegan a la edad jubilatoria sin reunir los 30 años de aportes. El análisis citado observa una caída de las altas totales: 400.000 en 2024, 300.000 en 2025 y una proyección de 200.000 para 2026.

Las jubilaciones otorgadas con 30 años de aportes se ubicarían en torno de 100.000 por año. Por esa razón, la reducción más pronunciada se concentra en las altas que antes se canalizaban mediante moratorias. La información disponible no permite establecer, por sí sola, cómo se distribuye esa caída por provincia, género, actividad económica o trayectoria laboral.

El cambio puede generar una mayor cantidad de personas que, al alcanzar la edad jubilatoria, no accedan a una jubilación contributiva y deban esperar para solicitar la PUAM. También puede incrementar la importancia de los registros de aportes, la regularización laboral y los mecanismos de reconocimiento de períodos trabajados que no fueron declarados.

La PUAM aparece como piso, pero no reconoce diferencias entre trayectorias

La Pensión Universal para el Adulto Mayor fue diseñada como una prestación destinada a personas que no reúnen los requisitos para una jubilación contributiva. Según el planteo analizado, uno de sus problemas es que trata de la misma manera a una persona sin aportes y a otra que cuenta con 29 años y 11 meses de servicios, pero no llega al mínimo exigido.

La diferencia entre ambos casos puede representar décadas de trabajo formalmente registrado. Sin embargo, bajo una regla rígida, ninguna de las dos personas alcanza el umbral de 30 años y ambas quedan fuera de la jubilación contributiva. La propuesta busca que esa brecha se refleje en el monto, sin eliminar la cobertura mínima para quienes no tienen aportes.

El análisis también señala una diferencia de edad entre las moratorias y la PUAM. Mientras las moratorias permitían que muchas mujeres accedieran a una jubilación a los 60 años, la PUAM se solicita a partir de los 65. En consecuencia, quienes no pueden jubilarse mediante una moratoria deben esperar hasta cumplir la edad requerida para acceder a esa prestación.

De acuerdo con la fuente, a partir de 2030 podrían crecer nuevamente las altas previsionales, pero por el acceso a la PUAM y no por el retorno de las moratorias. Esa proyección está vinculada con la diferencia de edades de acceso y con la evolución de las personas que hoy no reúnen los aportes necesarios.

La alternativa: un haber proporcional según los años registrados

La reforma sugerida consiste en eliminar el umbral de 30 años como condición indispensable y calcular el haber inicial con los años de aportes que la persona tenga acreditados, aunque sean menos de 30. El resultado se compararía con la PUAM.

Si el cálculo de la jubilación contributiva supera el valor de la PUAM, la persona recibiría el haber correspondiente a sus aportes. Si el cálculo queda por debajo, accedería a la PUAM como piso de protección. De ese modo, cada año registrado tendría una incidencia en la prestación, en lugar de que los períodos computados pierdan prácticamente todo su efecto cuando no se alcanza el mínimo de tres décadas.

El esquema no resolvería por sí solo los problemas financieros del sistema previsional. Tampoco eliminaría la necesidad de discutir la edad jubilatoria, las fórmulas de movilidad, los regímenes especiales, la registración laboral y las fuentes de financiamiento de ANSES. Su objetivo sería modificar la relación entre aportes y beneficio, evitando que la falta de algunos meses o años produzca un salto tan marcado entre una jubilación contributiva y una prestación no contributiva.

El costo fiscal es el principal punto de discusión

La fuente advierte que una nueva moratoria tendría un costo elevado y estima que los programas de este tipo equivalen a alrededor del 2 por ciento del Producto Bruto Interno. Esa cifra es presentada como referencia del impacto fiscal que tendría volver a reconocer aportes no ingresados a gran escala.

Las moratorias pueden ampliar rápidamente la cobertura previsional, pero también incorporan beneficiarios al sistema sin que exista una correspondencia completa entre los aportes realizados y las prestaciones futuras. En un régimen de reparto, el pago de las jubilaciones depende de los recursos que ingresan en cada período y de las transferencias que complementan el financiamiento.

Por ese motivo, cualquier decisión legislativa debería precisar quiénes podrían acceder, qué períodos se reconocerían, cómo se calcularía la deuda, qué parte se financiaría con recursos generales y cuál sería el efecto sobre las cuentas públicas. La discusión no se limita a permitir o prohibir una moratoria: también involucra el diseño de una cobertura para trabajadores con carreras laborales fragmentadas.

Una reforma previsional con efectos sobre el trabajo registrado

Reconocer aportes proporcionales podría modificar los incentivos que enfrentan trabajadores y empleadores. Para una persona próxima a la edad jubilatoria, saber que cada año registrado mejora el haber podría reforzar el valor de mantener la formalidad, incluso cuando ya no sea posible alcanzar los 30 años exigidos.

El efecto sobre los empleadores dependería de la implementación concreta. Un sistema que otorgue valor previsional a períodos breves no reemplaza los controles laborales ni las sanciones por empleo no registrado, pero puede hacer más visible el costo individual de la informalidad. También exigiría que los registros de ANSES sean precisos y que existan mecanismos ágiles para corregir omisiones o acreditar servicios.

La propuesta debería contemplar, además, las diferencias entre asalariados, trabajadores independientes, personas con períodos de desempleo y quienes desarrollaron tareas de cuidado no remuneradas. Sin reglas claras, el cálculo proporcional podría reducir desigualdades en algunos casos y mantenerlas en otros.

El debate previsional también condiciona las cuentas públicas

La cuestión previsional tiene una incidencia directa sobre el presupuesto nacional porque ANSES administra jubilaciones contributivas, pensiones y prestaciones no contributivas. Una ampliación de la cobertura puede mejorar los ingresos de los adultos mayores, pero requiere recursos permanentes para sostener los pagos a lo largo del tiempo.

El análisis vincula este problema con la caída de los nacimientos y el aumento de la informalidad. Menos nacimientos pueden modificar gradualmente la relación entre población activa y población jubilada, mientras que una alta informalidad reduce la cantidad de aportes que ingresan al sistema. Ambos procesos no producen efectos idénticos ni inmediatos, pero complican la planificación de largo plazo.

También será necesario conocer con mayor precisión la cantidad de personas que llegan a la edad jubilatoria sin aportes suficientes, cuántas podrían acceder a la PUAM, cuál es el monto promedio de las prestaciones y qué parte de los beneficiarios proviene de moratorias. Sin esa información desagregada, las proyecciones generales deben interpretarse con prudencia.

Qué debería definir el Congreso si retoma la discusión

Una eventual reforma tendría que establecer cómo se calculará el haber para quienes acrediten menos de 30 años, qué relación tendrá ese monto con la PUAM y cómo se reconocerán los aportes realizados bajo distintos regímenes. También debería fijar procedimientos para los trabajadores autónomos, los períodos de actividad no registrados y las tareas de cuidado que puedan ser computables según la legislación vigente.

Otro punto relevante será la transición. Las personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria, quienes están próximas a cumplirla y quienes aún tienen varios años de actividad podrían quedar sujetos a reglas diferentes. Una modificación sin un período claro de adaptación puede generar reclamos y dificultades administrativas.

La discusión también debería incluir el financiamiento. Si el haber proporcional se ubica por debajo de la PUAM, el Estado deberá cubrir la diferencia mediante el esquema previsto para esa prestación. Si se decide aumentar la cobertura contributiva, será necesario estimar el costo presente y futuro, evitando que una solución de corto plazo traslade una carga mayor a los próximos presupuestos.

La propuesta de eliminar los 30 años de aportes intenta resolver una contradicción: exigir una carrera laboral formal extensa en un mercado donde una proporción importante de los ocupados no registra todos sus años de trabajo. Su viabilidad dependerá de que el reconocimiento proporcional preserve la protección mínima, premie los aportes efectivos y tenga un financiamiento explícito.

Preguntas frecuentes sobre el requisito de aportes y la PUAM

¿Cuántos años de aportes se exigen actualmente para una jubilación contributiva?

El régimen general exige 30 años de servicios con aportes, además de cumplir con la edad jubilatoria correspondiente.

¿Qué propone cambiar el análisis citado?

Propone eliminar el umbral rígido de 30 años y calcular un haber en función de los años de aportes efectivamente registrados.

¿Qué ocurriría si el haber proporcional fuera inferior a la PUAM?

La propuesta plantea que la persona reciba la PUAM como piso de cobertura previsional.

¿Cuándo venció la moratoria previsional mencionada en la fuente?

La fuente indica que la moratoria venció en marzo de 2025.

¿Por qué la PUAM es presentada como una alternativa limitada?

Porque se accede a partir de los 65 años y, según el planteo, puede otorgar el mismo tratamiento a personas sin aportes y a quienes tienen una trayectoria casi completa, pero inferior a 30 años.

La discusión sobre el requisito jubilatorio seguirá ligada a la formalidad laboral, al financiamiento de ANSES y a la capacidad del Estado para sostener una cobertura suficiente sin repetir mecanismos excepcionales de alto costo fiscal. El desafío será convertir los años efectivamente trabajados y aportados en una prestación reconocible, sin dejar sin protección a quienes tuvieron carreras laborales discontinuas.