Argentina sancionó al pesquero español Farruco con una multa de $1.844 millones

El Gobierno argentino sancionó con $1.844.000.000 al pesquero español Farruco por operar presuntamente en condiciones compatibles con actividad extractiva dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), sin la autorización correspondiente. La medida constituye la quinta penalización aplicada durante 2026 contra una embarcación extranjera y se apoya en información de monitoreo electrónico aportada por la Prefectura Naval Argentina.

La sanción fue comunicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, y representa un nuevo capítulo en la estrategia oficial para controlar las incursiones de buques extranjeros en aguas sometidas a los derechos soberanos argentinos. El monto equivale a un millón de Unidades Pesca (UP), de acuerdo con los parámetros establecidos por la normativa vigente.

Según Fuente original, la información se basa en Argentina multó al Farruco con $1.844 millones por pesca ilegal.

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El expediente fue tramitado a partir de los registros obtenidos mediante herramientas de vigilancia marítima. La Prefectura Naval Argentina informó los movimientos detectados a la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera (DNCyFP), organismo encargado de analizar los antecedentes y determinar si existían elementos suficientes para iniciar las actuaciones administrativas.

Argentina sancionó pesquero español Farruco: Cómo se detectó la actividad atribuida al Farruco

La base normativa utilizada para evaluar el caso fue la Disposición SSRAyP N.º 20/2026, emitida por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación. Esa disposición define determinados parámetros para identificar comportamientos compatibles con operaciones pesqueras dentro de la ZEEA.

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El criterio contempla dos elementos que deben ser analizados en conjunto. Por un lado, que el buque extranjero navegue a una velocidad inferior a seis nudos. Por otro, que realice trayectorias, giros o cambios de rumbo que puedan asociarse con maniobras de pesca. La combinación de ambas variables permite establecer una presunción administrativa que luego debe ser contrastada con otros registros y con la documentación presentada por los responsables de la embarcación.

El sistema no se limita a observar un punto aislado en el mapa. La autoridad puede reconstruir la secuencia de navegación, revisar la duración de los desplazamientos, identificar patrones de velocidad y analizar la proximidad de la embarcación respecto de los límites de la zona bajo jurisdicción argentina. Ese conjunto de datos permite diferenciar, al menos en la etapa inicial, una navegación de tránsito de una conducta potencialmente vinculada con tareas extractivas.

Los reportes son canalizados a través del Sistema Guardacostas, una herramienta utilizada por la Prefectura para reunir información sobre el movimiento de embarcaciones. Luego, la DNCyFP evalúa los antecedentes y determina si corresponde avanzar con un procedimiento sancionatorio. La utilización de registros electrónicos busca reducir la dependencia de controles presenciales y ampliar la capacidad de fiscalización sobre extensas áreas marítimas.

La documentación que puede presentar el armador

El procedimiento contempla la posibilidad de que el capitán, el armador o el representante legal del buque presenten elementos que expliquen los movimientos observados. Entre esos documentos pueden figurar bitácoras, registros de máquinas, partes de avería, informes técnicos y datos meteorológicos.

Ese derecho de defensa resulta relevante porque una velocidad reducida o un cambio de rumbo no necesariamente demuestra por sí solo que se haya producido una captura. Una falla mecánica, condiciones meteorológicas adversas, tareas de seguridad o una maniobra operativa pueden modificar el patrón de navegación. Por ese motivo, la autoridad debe contrastar la información electrónica con los documentos y argumentos aportados durante el expediente.

En el caso informado por el Gobierno, la sanción se estableció luego de la tramitación administrativa correspondiente. La medida refleja el criterio oficial de que los registros de navegación, cuando son analizados junto con otros antecedentes, pueden constituir una base suficiente para documentar una presunta infracción dentro de la ZEEA.

Un arrastrero español con actividad internacional

El Farruco es un arrastrero congelador de 45,62 metros de eslora, 748 toneladas de arqueo bruto y 1.064,71 kilovatios de potencia. Su identificación internacional es IMO 9241906, cuenta con casco de acero y tiene como puerto base Las Palmas-Puerto de la Luz.

El Registro General de la Flota Pesquera de España lo ubica dentro del segmento de embarcaciones habilitadas para operar en aguas internacionales o en zonas marítimas pertenecientes a terceros países. Esa característica resulta importante para comprender el tipo de control que deben aplicar los Estados ribereños cuando un buque extranjero navega cerca de sus áreas de jurisdicción pesquera.

La inscripción de una embarcación en un registro extranjero o su habilitación para desarrollar actividades en aguas internacionales no implica autorización automática para pescar dentro de la ZEEA argentina. Para realizar capturas en esa zona se requiere cumplir las condiciones establecidas por la legislación nacional, contar con los permisos correspondientes y respetar las medidas de administración aplicables a los recursos.

Entre los antecedentes mencionados sobre el Farruco aparece un procedimiento iniciado en España en diciembre de 2022 por interrupciones del sistema de identificación automática, conocido como AIS. La actuación fue documentada por la Dirección General de la Marina Mercante española y se vinculó con las obligaciones de funcionamiento del equipo.

Ese antecedente no equivale a la infracción investigada en Argentina ni determina por sí mismo la responsabilidad en el expediente actual. Sin embargo, forma parte de la información pública asociada al buque y vuelve a poner en discusión la importancia de contar con señales de identificación confiables durante la navegación. El caso argentino se refiere específicamente a operaciones pesqueras atribuidas dentro de la ZEEA y debe analizarse bajo la normativa nacional.

La quinta sanción extranjera comunicada durante 2026

La multa al Farruco se suma a las medidas aplicadas contra los buques Bao Feng, Bao Win y Hai Xiang 2, de bandera de Vanuatu, y contra el Coimbra, registrado en Portugal. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca había informado el 25 de agosto que las actuaciones anteriores ya habían permitido percibir efectivamente $5.381.374.680 en concepto de compensaciones.

La diferencia entre una multa impuesta y un monto efectivamente cobrado es significativa. Una resolución administrativa puede establecer una obligación económica, pero la percepción concreta depende de las instancias de notificación, pago y cumplimiento que correspondan en cada caso. Por eso, el dato difundido por el Gobierno sobre los fondos efectivamente ingresados permite observar no solo la capacidad de iniciar expedientes, sino también la posibilidad de hacer ejecutivas las sanciones.

La continuidad de los procedimientos está vinculada con el trabajo de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, conducida por Juan Antonio López Cazorla, y de la DNCyFP, encabezada por Arturo Idoyaga Molina. A su vez, la intervención de la Prefectura aporta la dimensión operativa del control marítimo y permite trasladar los registros de navegación al ámbito administrativo.

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Qué protege la legislación pesquera argentina

La pesca sin autorización dentro de la ZEEA no constituye solamente una cuestión de tránsito naval. Cuando un buque captura recursos sin permiso, actúa fuera del sistema de cuotas, vedas, tallas, temporadas y demás medidas de administración que rigen para la actividad pesquera autorizada.

Esas reglas procuran ordenar el esfuerzo extractivo y reducir el riesgo de sobreexplotación. También permiten determinar quién puede pescar, qué especies puede capturar, en qué zonas y bajo qué condiciones. La actividad no autorizada dificulta la estimación de capturas, complica la planificación científica y afecta la previsibilidad de los operadores que cumplen con sus obligaciones.

El artículo 51 bis de la Ley Federal de Pesca 24.922 establece para la pesca sin permiso una escala de entre 500.000 y 3.000.000 de Unidades Pesca. El valor de cada unidad se determina semestralmente tomando como referencia el precio de venta al público del gasoil grado 2 de mayor valor registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La utilización de una unidad vinculada con el precio del combustible permite actualizar la escala sancionatoria frente a variaciones económicas. En el caso informado, la penalización de un millón de UP se tradujo en una obligación de $1.844 millones. El monto final responde al valor aplicable de la unidad en el período correspondiente y a la calificación administrativa del hecho.

La diferencia entre una infracción y una operación autorizada

La ZEEA no debe confundirse con el mar territorial. En esa zona, el Estado ribereño ejerce derechos soberanos para explorar, conservar y aprovechar los recursos naturales, aunque se mantienen determinadas libertades de navegación reconocidas por el derecho internacional. La navegación de un buque extranjero, por sí sola, no equivale a una actividad pesquera ilegal.

El punto decisivo es determinar si la embarcación desarrolló tareas extractivas o maniobras compatibles con ellas sin contar con autorización. Por eso, la metodología prevista en la Disposición SSRAyP N.º 20/2026 combina velocidad y trayectoria, en lugar de considerar un único indicador de manera aislada.

El desafío de controlar una zona marítima extensa

La fiscalización de la pesca ilegal plantea dificultades técnicas y operativas. Las autoridades deben vigilar un espacio amplio, interpretar señales que pueden ser incompletas y distinguir entre movimientos vinculados con la pesca, navegación de seguridad, tránsito hacia otra zona o inconvenientes mecánicos.

El monitoreo electrónico permite ampliar la cobertura y mantener un registro temporal de los desplazamientos. Sin embargo, su valor depende de la calidad de los datos, de la continuidad de las transmisiones y de la capacidad institucional para revisar la información con criterios consistentes. La participación de Prefectura, la autoridad pesquera y los responsables del expediente resulta central para transformar una alerta en una actuación respaldada.

La trazabilidad de las decisiones también tiene importancia para los armadores y para los operadores argentinos. Un procedimiento claro permite conocer qué conductas generan una presunción, qué documentación puede presentarse y cómo se evalúan las explicaciones. Al mismo tiempo, brinda mayor previsibilidad a quienes trabajan bajo permisos nacionales y deben competir en un mercado donde los recursos tienen valor comercial y estratégico.

Qué implica la sanción para la cadena pesquera y los puertos

La multa al Farruco refuerza el control sobre el acceso a los recursos pesqueros argentinos y puede tener efectos indirectos en la cadena que vincula flota, puertos, plantas procesadoras, proveedores navales y exportadores. Una fiscalización más activa busca evitar que capturas obtenidas al margen de los permisos ingresen a circuitos comerciales sin controles suficientes.

Para los puertos pesqueros, los expedientes de este tipo subrayan la importancia de verificar documentación, origen de las capturas y condiciones de ingreso de los buques cuando corresponda. Para la flota autorizada, el control de las incursiones extranjeras apunta a preservar un marco de competencia en el que las empresas nacionales afrontan costos, límites y obligaciones regulatorias definidos por la legislación argentina.

En el plano comercial, la existencia de registros electrónicos y sanciones efectivamente cobradas puede fortalecer la trazabilidad de los productos pesqueros y la respuesta estatal frente a operaciones no autorizadas. También obliga a armadores, agentes marítimos y representantes a conservar documentación precisa sobre navegación, fallas, condiciones meteorológicas y actividades desarrolladas.

El caso Farruco muestra que la vigilancia marítima no termina con la detección de una trayectoria sospechosa. El resultado depende de la articulación entre tecnología, patrullaje, análisis administrativo y capacidad de exigir el pago de una sanción. Mientras continúe ese proceso, la autoridad argentina buscará convertir el monitoreo de la ZEEA en una herramienta permanente para proteger los recursos y ordenar la actividad pesquera.

La resolución sobre el pesquero español fue difundida originalmente por Pescare. El avance de estos controles será seguido de cerca por la industria pesquera argentina, los puertos especializados y los actores del comercio exterior vinculados con los productos del mar.