Malvinas y Sea Lion: la pesca refuerza la defensa de los recursos argentinos

La discusión argentina con el Reino Unido por Malvinas y el proyecto petrolero Sea Lion también tiene una dimensión pesquera. Durante 2026, la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca impulsó criterios para detectar actividad extranjera dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), consultó al sector sobre la incorporación de nuevos poteros y obtuvo un respaldo técnico del INIDEP para ampliar la participación de la flota nacional en la captura de calamar. Estas medidas no fueron diseñadas como una respuesta directa al proyecto hidrocarburífero, pero aportan herramientas concretas para defender los recursos del Atlántico Sur.

La cuestión de la soberanía sobre el Atlántico Sur volvió a ocupar un lugar central en la agenda nacional después de las intervenciones argentinas ante las Naciones Unidas y de la protesta diplomática por la extensión de licencias hidrocarburíferas británicas en el área de Malvinas. En ese contexto, el proyecto Sea Lion, asociado al bloque PL001 y a la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited, reactivó una discusión que excede al petróleo: quién administra los recursos, con qué normas y mediante qué capacidades de control.

Según Fuente original, la información se basa en Malvinas y Sea Lion: por qué la pesca también es una cuestión de soberanía.

En la cobertura de Castro: la producción cambiará de geografía antes que la población se abordó un aspecto relacionado con este tema.

En la cobertura de Milei propone sanciones para la pesca vinculada con Malvinas se abordó un aspecto relacionado con este tema.

La pesca ofrece un antecedente reciente y verificable de esa política. Antes de que el debate por Sea Lion ganara exposición pública, la autoridad pesquera ya había comenzado a trabajar sobre dos problemas concretos: la presencia de buques extranjeros cerca del límite de las 200 millas y la necesidad de que una mayor proporción del calamar sea capturada por barcos argentinos dentro de la jurisdicción nacional.

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Malvinas Sea Lion: La soberanía también se ejerce con información y control marítimo

El 22 de septiembre, el canciller Pablo Quirno utilizó el derecho a réplica ante la Asamblea General de las Naciones Unidas luego de una intervención británica sobre Malvinas. Ese mismo día, la Cancillería presentó una protesta por la extensión de licencias vinculadas con actividades hidrocarburíferas y mencionó la Resolución 31/49, que insta a las partes a evitar modificaciones unilaterales mientras la disputa permanece pendiente.

Al día siguiente, el presidente Javier Milei hizo referencia directa a Sea Lion y vinculó el reclamo argentino con la necesidad de utilizar instrumentos jurídicos y económicos frente a actividades que el país considera no autorizadas. La postura oficial volvió a incluir el llamado a negociar con el Reino Unido.

La pesca y los hidrocarburos no se administran de la misma manera. Los recursos vivos migratorios requieren investigación biológica, regulación de capturas y seguimiento de las temporadas. La actividad petrolera, en cambio, se relaciona con permisos exploratorios, explotación del subsuelo, infraestructura y obligaciones ambientales. Sin embargo, ambos sectores plantean una cuestión común: la capacidad efectiva del Estado para hacer valer sus derechos sobre los recursos naturales.

En el caso pesquero, esa capacidad depende de conocer qué ocurre en el mar, identificar las conductas que pueden constituir una infracción, reunir pruebas admisibles y aplicar sanciones. También requiere que la flota nacional tenga presencia suficiente para participar del aprovechamiento de los recursos antes de que estos migren hacia áreas adyacentes.

El origen de la consulta para sumar nuevos poteros

La secuencia administrativa comenzó el 2 de febrero de 2026, cuando la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, a cargo de Juan Antonio López Cazorla, consultó a la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA) sobre la posibilidad de abrir un registro de buques interesados en operar bajo matrícula nacional dentro de la ZEEA.

CAPA respondió el 13 de febrero a través de su representante, el ingeniero Juan Darío Socrate. La cámara acompañó la iniciativa, aunque la condicionó a un dictamen favorable del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y a la aprobación del Consejo Federal Pesquero. Esa condición es relevante porque la incorporación de barcos no puede evaluarse solamente por su aporte industrial o comercial: también debe ser compatible con la sustentabilidad del recurso.

La consulta tuvo como antecedente una observación realizada en enero. Juan Redini, referente de CAPA, y López Cazorla sobrevolaron el límite de la ZEEA y observaron una concentración de arrastreros modernos y poteros de gran capacidad, algunos ubicados a una distancia muy reducida de la línea de las 200 millas.

La cercanía de esas embarcaciones expone una dificultad operativa: no alcanza con saber que existen barcos extranjeros en el área adyacente. Es necesario determinar si sus maniobras permanecen fuera de la jurisdicción argentina o si, por el contrario, cruzan el límite mientras realizan actividades compatibles con la pesca. La diferencia tiene consecuencias legales, económicas y diplomáticas.

La experiencia de capitanes, Prefectura y los equipos legales

Después de ese vuelo, la Subsecretaría reunió a capitanes de buques congeladores que trabajan sobre el límite marítimo, a representantes del Centro de Control de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina y a funcionarios de las áreas de fiscalización y asesoramiento jurídico. Participaron, entre otros, los prefectos generales Carlos Villarreal y Néstor Kiferling, el director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Arturo Idoyaga Molina, y equipos legales de la cartera pesquera.

El objetivo fue transformar la experiencia de quienes operan en el caladero y la información de vigilancia en criterios verificables. Ese trabajo precedió a la Disposición SSRAyP N.º 20/2026, firmada el 3 de febrero, publicada el 4 y vigente desde el 5 de febrero. La norma estableció parámetros para identificar posibles actividades pesqueras de buques extranjeros dentro de la ZEEA.

El documento combinó la velocidad de navegación con trayectorias compatibles con maniobras de pesca. Para los poteros, consideró especialmente la navegación a una velocidad igual o inferior a dos nudos durante al menos treinta minutos continuos, salvo que existiera una causa justificada. La información puede ser evaluada por la Prefectura mediante el Sistema Guardacostas y derivar en un procedimiento administrativo.

La importancia de este mecanismo reside en que aporta una base técnica para las actuaciones. Una sospecha visual o una proximidad geográfica no necesariamente alcanza para sancionar. La autoridad debe poder demostrar dónde estaba el buque, qué trayectoria mantuvo, durante cuánto tiempo y qué indicios permiten asociar su comportamiento con una maniobra de pesca.

El dictamen del INIDEP y la lógica de incorporar hasta 18 unidades

El 12 de mayo, el director nacional de Investigación del INIDEP, Otto Wöhler, respondió a la Subsecretaría mediante la Nota DNI N.º 41/2026. El documento explicó que el calamar Illex argentinus tiene un ciclo de vida anual y que su administración exige distinguir los diferentes stocks que participan de la pesquería.

Según el análisis, los stocks Sudpatagónico y Bonaerense-Norpatagónico comienzan a ser explotados dentro de la ZEE argentina y posteriormente migran hacia el área adyacente. Allí también son capturados por flotas extranjeras. Por eso, la oportunidad de pesca dentro de la jurisdicción argentina tiene importancia tanto para la conservación como para la distribución económica del recurso.

El documento del INIDEP consignó 338 poteros y 146 arrastreros detectados en el área adyacente durante 2026, un total de 484 embarcaciones. También mencionó 105 poteros en el área de Malvinas bajo licencias que Argentina considera ilegales. Frente a esas cifras, registró 84 poteros argentinos operativos durante la temporada. Se trata de datos incluidos en la nota de mayo y no de un recuento simultáneo actualizado a septiembre.

La evaluación científica estimó que la incorporación de entre 15 y 20 unidades permitiría elevar la proporción del recurso capturada por la flota argentina antes de la migración. En términos prácticos, el objetivo sería que una mayor cantidad de calamar sea aprovechada dentro de la ZEEA, sin desconocer los mecanismos biológicos que permiten la reproducción y la renovación del stock.

La Resolución CFP N.º 6/2026, aprobada el 28 de mayo, recogió esos fundamentos y abrió la convocatoria para incorporar hasta 18 nuevas unidades. En agosto, el Consejo Federal Pesquero aprobó los proyectos correspondientes. La decisión no implica que el Estado pueda aumentar indefinidamente el esfuerzo pesquero. Su resultado dependerá de la abundancia de cada temporada, del poder de pesca real de los buques y del cumplimiento de los cierres establecidos.

El INIDEP también advirtió que, en temporadas con bajo reclutamiento, la incorporación de barcos podría acortar la duración de la pesquería. En años de mayor abundancia, en cambio, permitiría mejorar la participación argentina. Esa advertencia obliga a mirar más allá de la cantidad de unidades: un potero moderno puede tener capacidades de iluminación, congelamiento y bodega muy diferentes de las de un buque de generaciones anteriores.

Fiscalización y sanciones: de la detección a la consecuencia económica

La política de presencia pesquera se complementó con medidas de control. El 25 de agosto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que durante 2026 había recibido $5.381.374.680 en compensaciones vinculadas con actuaciones contra los buques Hai Xiang 2, Bao Feng, Bao Win y Coimbra.

El 4 de septiembre, además, comunicó una sanción de $1.844.000.000 a la propietaria del pesquero español Farruco, identificado como el quinto buque extranjero sancionado durante el año. La suma de ambos anuncios alcanza $7.225.374.680, aunque existe una diferencia que debe conservarse: el primer monto corresponde a dinero recibido, mientras que el segundo refiere a una sanción impuesta. La información disponible no acredita que esta última haya sido efectivamente cobrada.

El valor estratégico de estas actuaciones no se limita al monto económico. Una sanción solo resulta disuasiva si el procedimiento puede sostenerse con pruebas, si la administración actúa dentro de sus competencias y si el cobro o la ejecución de la medida se concreta. En ese sentido, la trazabilidad de cada expediente es tan importante como el anuncio público.

La experiencia puede complementarse con herramientas de seguimiento satelital, patrullaje, observación aérea y coordinación entre organismos. Para la flota argentina, contar con criterios claros también reduce la incertidumbre sobre los límites operativos y mejora la capacidad de reportar incidentes en áreas de alta concentración de buques.

Los límites jurídicos entre la ZEE, la plataforma y las aguas adyacentes

La relación entre pesca, petróleo y soberanía requiere precisión jurídica. Dentro de la ZEE, Argentina ejerce derechos soberanos sobre los recursos naturales. Más allá de las 200 millas, los derechos sobre la plataforma continental alcanzan el lecho, el subsuelo y sus recursos, incluidas las especies sedentarias definidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Eso no significa que las aguas superiores se conviertan automáticamente en una ZEE de 350 millas ni que una especie migratoria como el calamar pueda ser considerada sedentaria. Cada espacio marítimo tiene un régimen y cada recurso debe analizarse según sus características biológicas y jurídicas.

El arrastre de fondo introduce otra dimensión. La Prefectura puede identificar buques capaces de capturar especies sedentarias de la plataforma o de afectar hábitats, con apoyo de la información científica del INIDEP. Sin embargo, para atribuir una infracción deben establecerse la ubicación exacta, la actividad desarrollada y el recurso afectado. El simple contacto de una red con el fondo no permite atribuir a Argentina jurisdicción sobre toda la captura de un arrastrero que se encuentre fuera de la ZEEA.

Esta distinción fortalece la posición argentina porque evita argumentos imprecisos. La defensa de los intereses marítimos necesita identificar con claridad qué derecho se ejerce, sobre qué zona y respecto de qué recurso.

Qué significa para la flota, los puertos pesqueros y las exportaciones

La eventual incorporación de nuevos poteros puede repercutir en toda la cadena pesquera. Más barcos bajo matrícula nacional implican necesidades de tripulaciones, mantenimiento, provisiones, servicios portuarios, descarga, frío industrial y procesamiento. La actividad también puede reforzar el movimiento en puertos pesqueros patagónicos y bonaerenses, aunque la magnitud de ese efecto dependerá de la asignación concreta de los buques y de la duración de las temporadas.

Para los exportadores, una mayor participación argentina en la captura puede modificar la disponibilidad de materia prima y la planificación comercial. Para las plantas procesadoras, el desafío será compatibilizar el abastecimiento con los cierres biológicos y con la variabilidad del recurso. Para los armadores, el atractivo de nuevas unidades estará condicionado por los costos de operación, la disponibilidad de tripulaciones, las exigencias de control y la previsibilidad regulatoria.

La decisión también puede tener efectos sobre la logística marítima. Una flota nacional con mayor presencia requiere coordinación entre áreas de pesca, Prefectura, autoridades portuarias y organismos sanitarios. Los tiempos de descarga, la inspección de capturas, la documentación de origen y la continuidad de la cadena de frío adquieren relevancia para que el mayor esfuerzo pesquero se traduzca en actividad industrial y exportadora.

En ese punto, la discusión se conecta con el desarrollo de la logística portuaria y el transporte marítimo argentino, así como con las condiciones de competitividad del comercio exterior de productos pesqueros. La soberanía sobre un recurso no se agota en detectar un buque extranjero: también exige que la captura nacional pueda desembarcarse, procesarse y comercializarse con eficiencia.

Una política pesquera que suma antecedentes a la discusión por Sea Lion

La consulta a CAPA, el dictamen del INIDEP, la resolución del Consejo Federal Pesquero y los criterios de fiscalización forman una secuencia anterior a la exposición política del proyecto Sea Lion. La documentación disponible no permite afirmar que los nuevos permisos hayan sido diseñados como respuesta al proyecto petrolero. Sí permite sostener que la administración pesquera construyó herramientas relacionadas con la presencia nacional, el conocimiento científico y el control de los recursos.

La conexión estratégica existe, pero debe formularse con prudencia. La pesca no reemplaza a la diplomacia ni define por sí sola la situación jurídica de Malvinas. Tampoco una sanción administrativa sobre un buque pesquero resuelve la disputa por los hidrocarburos. Sin embargo, una política sostenida de investigación, vigilancia y aprovechamiento regulado aporta capacidad estatal en un espacio marítimo donde la presencia efectiva tiene consecuencias económicas y geopolíticas.

El antecedente también muestra que la soberanía requiere continuidad. La incorporación de barcos deberá evaluarse temporada tras temporada, con información sobre reclutamiento, capturas, cierres, esfuerzo efectivo y cumplimiento de las normas. Del mismo modo, las sanciones deberán seguir procedimientos consistentes y distinguir con precisión entre una infracción comprobada y una sospecha inicial.

Como señaló la propia discusión sectorial, la nacionalización de la flota y de las capturas tiene antecedentes desde comienzos de la década de 2000. La gestión actual será valorada por la ejecución de sus decisiones: la capacidad de sostener la investigación, controlar el límite de la ZEEA, fortalecer los puertos pesqueros y demostrar que una mayor participación argentina es compatible con la conservación del calamar.

En el Atlántico Sur, la defensa de los recursos se juega tanto en los foros internacionales como en los procedimientos cotidianos que permiten saber qué ocurre en el mar. La pesca aporta una experiencia concreta: presencia de buques, información científica, vigilancia, sanciones y actividad industrial articuladas en una misma política pública.

Fuente original: Pescare, “Malvinas y Sea Lion: por qué la pesca también es una cuestión de soberanía”.