La pesca marplatense alertó por el futuro de las PyMEs costeras y fresqueras

La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCyF) y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA) advirtieron que la falta de respuestas del Municipio de General Pueyrredon profundiza la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas de la pesca marplatense. Las entidades reclamaron una participación política más activa en la administración de los recursos pesqueros y en la defensa de una actividad que sostiene empleo, valor agregado, servicios portuarios y movimiento económico en la ciudad.

La pesca costera y fresquera de Mar del Plata volvió a poner en discusión el papel del Estado municipal frente a las dificultades que atraviesa el sector. En un comunicado difundido esta semana, la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCyF) y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA) cuestionaron la ausencia de acciones concretas por parte del Ejecutivo de General Pueyrredon y alertaron que el escenario actual puede comprometer la continuidad de numerosas pequeñas y medianas empresas.

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El planteo de las cámaras no se limita a una diferencia institucional con el gobierno local. Su preocupación está vinculada con el funcionamiento de una cadena productiva que incluye embarcaciones, plantas procesadoras, talleres navales, proveedores de insumos, transportistas, trabajadores portuarios, comercios y servicios asociados. Cuando una empresa pesquera de menor escala reduce su actividad o deja de operar, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá del muelle y afectar a distintos eslabones de la economía marplatense.

pesca marplatense alertó futuro PyMEs: Las cámaras pesqueras cuestionan la falta de respuestas municipales

La AEPCyF y UDIPA sostuvieron que el Municipio de General Pueyrredon no está impulsando políticas de promoción específicas para la pesca ni generando instancias suficientes de diálogo con funcionarios provinciales y nacionales. Según las entidades, esa falta de involucramiento dificulta la construcción de respuestas para una actividad que enfrenta problemas de distinta naturaleza y que requiere coordinación entre varios niveles de gobierno.

Las organizaciones también reclamaron que el Ejecutivo local y el Concejo Deliberante conozcan con mayor profundidad los debates que atraviesa la política pesquera nacional. Para el sector, las decisiones sobre administración de los recursos no son asuntos alejados de la realidad urbana: determinan el nivel de actividad de la flota, la utilización de las plantas, la contratación de personal y la demanda de servicios en el puerto.

La crítica de las cámaras apunta especialmente a la falta de una agenda compartida. La pesca necesita definiciones nacionales sobre manejo de recursos, controles y condiciones de explotación, pero también requiere que las autoridades locales participen en la defensa de los intereses de la comunidad costera. Desde esa perspectiva, el municipio puede actuar como articulador institucional ante organismos provinciales, autoridades nacionales, representantes legislativos y organizaciones empresarias y sindicales.

Una actividad con realidades productivas diferentes

Uno de los ejes del comunicado es la diferencia entre las grandes compañías y las estructuras familiares o empresariales de menor escala. Las entidades afirmaron que ambos segmentos convivieron históricamente dentro de la misma industria, aunque con capacidades financieras, niveles de integración y modalidades operativas diferentes. En ese esquema, las pequeñas y medianas empresas cumplieron un papel relevante en la generación de empleo y en la distribución del movimiento económico.

La pesca costera y fresquera suele estar vinculada con operaciones de menor escala relativa, desembarques destinados al procesamiento y comercialización de productos frescos o refrigerados, y una relación directa con el puerto y con las comunidades cercanas. Esa configuración no elimina sus exigencias productivas: las embarcaciones necesitan mantenimiento, combustible, tripulación, permisos, equipamiento de seguridad y acceso a servicios; las plantas deben sostener condiciones sanitarias, personal, frío, transporte y canales comerciales.

Por eso, las entidades consideran que no resulta adecuado aplicar una mirada uniforme sobre toda la industria pesquera. Las empresas más grandes pueden contar con mayor capacidad para absorber períodos de baja actividad, cambios regulatorios o dificultades financieras. En cambio, las PyMEs pueden quedar expuestas con mayor rapidez cuando se combinan costos elevados, incertidumbre sobre la disponibilidad del recurso, menor acceso al crédito y problemas de comercialización.

El riesgo para el empleo y el valor agregado en Mar del Plata

El comunicado identifica a las pequeñas y medianas empresas como uno de los principales motores del empleo, el valor agregado y el movimiento económico regional. Las cámaras advirtieron que la situación actual amenaza la continuidad de varias firmas y el sustento de cientos de familias relacionadas con la pesca marplatense, aunque no difundieron una estimación detallada de empresas afectadas ni de puestos de trabajo comprometidos.

La importancia de este segmento se observa en la cantidad de actividades que dependen de una operación pesquera activa. Cada salida de una embarcación demanda provisiones, reparaciones, combustible, hielo, elementos de seguridad y asistencia técnica. Una vez producido el desembarque, intervienen plantas, cámaras frigoríficas, transportistas, operadores logísticos, trabajadores de clasificación y empaque, distribuidores y comercios. En los casos en que el producto se exporta, también participan despachantes, agentes de carga y otros servicios vinculados al comercio exterior.

La reducción de capturas, las paradas prolongadas o la imposibilidad de renovar equipamiento pueden generar un efecto acumulativo. Menos actividad implica menor facturación para las empresas y, al mismo tiempo, una baja en la demanda de servicios portuarios y terrestres. Con el tiempo, ese proceso puede deteriorar capacidades que no se recuperan de manera inmediata, como la disponibilidad de tripulaciones experimentadas, los talleres especializados, la infraestructura de frío o los vínculos comerciales.

El sector pesquero marplatense también aporta valor mediante el procesamiento. La transformación del pescado, su conservación, el fileteado, el empaque y la preparación para distintos mercados permiten que una parte del producto salga de la venta primaria y genere actividad industrial. Si las PyMEs pierden escala o dejan de operar, la ciudad puede resignar una porción de ese valor agregado frente a modelos más concentrados o a la comercialización de productos con menor elaboración.

Sustentabilidad y desarrollo económico, dos objetivos que el sector busca compatibilizar

Las organizaciones empresarias cuestionaron decisiones recientes vinculadas con la administración pesquera y sostuvieron que se alejan de criterios internacionales orientados a combinar la sustentabilidad ambiental con el desarrollo socioeconómico. El planteo no implica desconocer la necesidad de proteger los recursos: por el contrario, las cámaras señalan que la continuidad de la actividad depende de una gestión responsable y previsible.

La administración pesquera debe considerar el estado de las especies, la información científica disponible, los controles, la trazabilidad y el cumplimiento de las normas. Pero también necesita contemplar la estructura productiva de las comunidades que viven de la pesca. Las medidas que ignoran esa dimensión pueden provocar impactos desproporcionados en empresas familiares, trabajadores y localidades costeras, especialmente cuando no existen herramientas de transición o acompañamiento.

En ese sentido, la discusión excede la cantidad de permisos o las condiciones de una temporada determinada. También incluye la posibilidad de planificar inversiones, mantener los barcos en condiciones, sostener puestos de trabajo y organizar la actividad industrial. Para una PyME, la previsibilidad regulatoria puede ser tan importante como el acceso al recurso, porque permite programar compras, contratar personal, negociar ventas y cumplir compromisos financieros.

La sustentabilidad económica tampoco puede separarse de la sustentabilidad ambiental. Una flota con embarcaciones antiguas, menor acceso a tecnología o dificultades para financiar mejoras puede enfrentar más obstáculos para incorporar equipos de seguridad, sistemas de monitoreo o soluciones destinadas a reducir consumos y descartes. Las políticas públicas que articulen conservación, fiscalización y financiamiento podrían ayudar a que las exigencias ambientales no recaigan de forma desproporcionada sobre las firmas de menor tamaño.

El puerto de Mar del Plata como punto de articulación de la cadena

La situación planteada por AEPCyF y UDIPA tiene una dimensión portuaria concreta. Mar del Plata no es solamente el lugar donde se produce el desembarque: funciona como un nodo en el que confluyen la flota, los servicios navales, las plantas pesqueras, la logística frigorífica y los trabajadores especializados. Por eso, cualquier retroceso de la actividad costera y fresquera puede reflejarse en la utilización de muelles, talleres, cámaras, transportes y establecimientos industriales.

La continuidad de las PyMEs también influye en la diversidad de operadores que participan en el puerto. Una estructura con empresas de distintos tamaños puede distribuir mejor la demanda y sostener una red más amplia de proveedores. En cambio, una mayor concentración puede reducir la cantidad de actores y limitar las alternativas para trabajadores, contratistas y prestadores de servicios.

La escala local es especialmente relevante para la pesca fresca, porque el tiempo entre la captura, el desembarque, el acondicionamiento y la distribución incide directamente en la calidad comercial. La coordinación entre embarcaciones, puerto, plantas y transporte requiere una operación regular. Las interrupciones, demoras o restricciones financieras pueden afectar la condición del producto y elevar los costos de toda la cadena.

Para profundizar sobre el vínculo entre infraestructura y actividad productiva, resulta útil consultar otras publicaciones de logística y transporte y los informes vinculados con comercio exterior. En el caso pesquero, ambos aspectos son decisivos para que el producto pueda llegar a los mercados en condiciones adecuadas y con costos compatibles con la competencia.

La representación política que reclaman las entidades

Las cámaras solicitaron un rol más activo de los legisladores nacionales y provinciales que representan a Mar del Plata y a la región. El objetivo señalado es promover ámbitos de diálogo y defender tanto el recurso pesquero nacional como la actividad económica y social que depende de él.

Ese pedido apunta a que la discusión no quede limitada a declaraciones aisladas durante los momentos de mayor tensión. La representación política puede intervenir en la exposición de los problemas del territorio, en el seguimiento de medidas administrativas, en la convocatoria a reuniones interjurisdiccionales y en la elaboración de propuestas que contemplen a las empresas de menor escala.

El Concejo Deliberante también aparece mencionado como un espacio donde podrían analizarse las dificultades del sector y su impacto en la ciudad. Aunque las principales reglas de la pesca se definen en ámbitos nacionales y provinciales, el gobierno local tiene interés directo en la actividad por sus efectos sobre el empleo, la recaudación, la infraestructura, el puerto y la economía urbana.

Qué puede cambiar para la flota, las plantas y los servicios portuarios

Si no se generan canales de diálogo y herramientas de acompañamiento, las PyMEs pesqueras podrían enfrentar mayores dificultades para sostener la operación de sus embarcaciones y plantas. La advertencia de las cámaras no establece un pronóstico cuantificado, pero sí plantea un riesgo sectorial: que la crisis termine debilitando la base empresarial que mantiene conectada a la flota costera con la industria y el mercado.

Para los armadores, una menor previsibilidad complica la planificación de mareas, reparaciones y compras. Para las plantas, reduce la posibilidad de asegurar materia prima y organizar turnos de producción. Para los transportistas, puede traducirse en menos cargas o mayor irregularidad. Para el puerto, implica una eventual disminución del movimiento asociado con desembarques, mantenimiento, provisiones y servicios especializados.

La dimensión comercial también es relevante. Los productos pesqueros necesitan cumplir requisitos sanitarios, conservar la cadena de frío y llegar a los compradores dentro de plazos adecuados. Cuando la actividad se vuelve irregular, se dificulta sostener acuerdos de provisión y responder a las exigencias de los mercados. En el plano interno, la menor disponibilidad de pescado fresco puede alterar los circuitos de distribución y elevar los costos operativos.

Las entidades anunciaron que continuarán realizando gestiones y reclamos ante los distintos niveles de gobierno, en un momento que consideran decisivo para el futuro de la administración de los recursos pesqueros nacionales. La evolución del conflicto dependerá de la apertura de instancias de diálogo, de las decisiones regulatorias que se adopten y de la capacidad de las autoridades para integrar conservación, producción, empleo y desarrollo local.

La discusión planteada por la pesca costera y fresquera de Mar del Plata expone una tensión central para la industria pesquera argentina: proteger los recursos sin desarticular las comunidades y empresas que dependen de ellos. Para las PyMEs del sector, contar con reglas claras, representación política y coordinación entre Nación, Provincia y Municipio será determinante para sostener la actividad en los puertos, preservar el empleo y mantener el valor agregado dentro de la ciudad.

La información original fue publicada por PESCARE, medio especializado en la actividad pesquera.