La CAC respaldó a Fadeeac contra los cobros al transporte pesado en Ramallo

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) se sumó al reclamo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) contra el esquema de cobros que la Municipalidad de Ramallo aplica al tránsito pesado sobre el ex Camino Provincial Ruta 87, conocido como Acceso Sánchez. Las entidades sostienen que las tarifas, al no contar con caminos alternativos para los camiones, funcionan en la práctica como una aduana interior y un peaje municipal encubierto.

La controversia por los cobros al transporte pesado en Ramallo sumó un nuevo actor empresario. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) respaldó formalmente el reclamo iniciado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y pidió la intervención urgente de las autoridades nacionales y bonaerenses para suspender el sistema implementado por el municipio.

Según Fuente original, la información se basa en Más empresarios se suman al reclamo de Fadeeac por las “aduanas interiores”.

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El cuestionamiento se concentra en la colocación de pórticos tecnológicos sobre el ex Camino Provincial Ruta 87, también denominado Acceso Sánchez. La arteria tiene una extensión aproximada de 5,1 kilómetros y conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás, dos puntos relevantes para el movimiento de cargas en el norte de la provincia de Buenos Aires.

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Según la información difundida por la CAC, la Municipalidad de Ramallo adjudicó mediante la Licitación Pública N.º 3/25 un esquema que contempla tarifas de hasta $37.000 por pesaje dinámico y un cargo adicional de $25.000 por el ingreso a determinados predios. Para las entidades empresarias, la combinación de ambos conceptos puede representar una erogación significativa para cada operación, especialmente en tráficos repetitivos vinculados con plantas industriales, depósitos y terminales portuarias.

CAC respaldó Fadeeac contra cobros: Por qué el Acceso Sánchez quedó en el centro del reclamo empresario

El eje de la denuncia no está únicamente en el valor nominal de las tarifas. Fadeeac y la CAC sostienen que el problema principal surge porque el tránsito pesado no dispone de rutas o caminos alternativos para ingresar o salir de los establecimientos ubicados en el corredor. En esas condiciones, el transportista que necesita llegar al parque industrial o al área portuaria queda obligado a utilizar el tramo alcanzado por los cobros.

La falta de una alternativa efectiva modifica la naturaleza económica del cargo. En vez de tratarse de un servicio optativo o de un pago asociado a una infraestructura que puede evitarse, las entidades consideran que se transforma en una exigencia inevitable para continuar la operación. Por esa razón, describieron el mecanismo como una “aduana interior” y como un peaje municipal encubierto.

La expresión alude a un riesgo histórico para la circulación de mercaderías dentro del país: que gobiernos subnacionales establezcan controles o tributos que, en los hechos, fragmenten el mercado interno y encarezcan el traslado entre provincias y municipios. La Argentina cuenta con una estructura productiva extendida y con cadenas que atraviesan varias jurisdicciones antes de llegar al consumidor, a una fábrica o a un puerto. Cada cargo obligatorio agregado en el recorrido puede alterar el costo final de la operación.

Un corredor corto con incidencia sobre operaciones más amplias

Aunque el tramo cuestionado mide poco más de cinco kilómetros, su incidencia no debe medirse solamente por la distancia. El Acceso Sánchez funciona como conexión entre una ruta nacional y áreas industriales y portuarias. Por ese motivo, un cobro aplicado en ese punto puede afectar viajes que forman parte de circuitos mucho más extensos, como el traslado de insumos hacia una planta, el movimiento de productos terminados o la llegada de mercadería a una terminal de exportación.

En el transporte de cargas, los costos fijos y variables se distribuyen sobre cada viaje. El combustible, los salarios, los peajes, el mantenimiento, los tiempos de espera y los cargos de acceso forman parte de la estructura que utilizan las empresas para definir tarifas. Cuando aparece un concepto obligatorio no previsto o difícil de trasladar al cliente, el impacto puede recaer sobre el transportista, el dador de carga o el precio de la mercadería.

La situación también puede complicar la programación. Los operadores logísticos necesitan conocer con anticipación qué pagos serán exigidos, qué documentación deben presentar y cuánto demorará el paso por los controles. Si el sistema no está integrado de manera clara con la planificación del viaje, puede generar demoras administrativas, consultas en ruta y dificultades para coordinar turnos de carga o descarga.

Los montos denunciados y la discusión sobre la proporcionalidad

La CAC indicó que el esquema contempla hasta $37.000 por pesaje dinámico y $25.000 adicionales por el ingreso a predios. Las entidades empresarias cuestionan que esos importes no guardarían relación con los costos de conservación del tramo vial. También remarcan que, calculado sobre una distancia reducida y sin una vía alternativa, el costo por kilómetro resultaría elevado frente a los valores asociados a corredores viales y puentes interjurisdiccionales.

La discusión sobre la proporcionalidad es relevante porque un cargo vinculado con el uso o mantenimiento de una infraestructura debería guardar una relación razonable con el servicio prestado y con los costos que busca cubrir. Cuando el monto se percibe como excesivo, el debate deja de ser exclusivamente contable y pasa a incluir cuestiones regulatorias, constitucionales y de competencia entre jurisdicciones.

La información difundida por las organizaciones no incluye una evaluación judicial definitiva sobre la validez del sistema. Por eso, corresponde distinguir entre la posición de las entidades empresarias, que califican el esquema como irregular e inconstitucional, y la resolución que eventualmente adopten las autoridades administrativas o los tribunales competentes. La CAC pidió, de todos modos, una suspensión inmediata mientras se analiza el caso.

El cargo sobre el combustible suma presión al transporte

Al reclamo por los pórticos se agrega una sobretasa del 2% por cada litro de combustible que, de acuerdo con la denuncia empresaria, la Municipalidad de Ramallo cobra desde enero. Para las cámaras, ese gravamen introduce una carga adicional sobre una actividad que ya enfrenta costos elevados de operación, mantenimiento y renovación de unidades.

El combustible representa uno de los componentes más sensibles de la estructura de costos del autotransporte. Una tasa calculada sobre cada litro puede impactar tanto en los viajes de larga distancia como en los recorridos cortos que conectan rutas, industrias, depósitos y puertos. En este caso, la combinación entre el cargo por el acceso, el pesaje y la sobretasa puede obligar a revisar las tarifas pactadas con los clientes.

La preocupación empresaria también se relaciona con la acumulación de tributos. Un importe aislado puede parecer limitado en relación con el valor total de una carga, pero varios cargos aplicados en distintos puntos del territorio pueden multiplicar el costo logístico. Esa acumulación dificulta comparar rutas, establecer presupuestos y calcular con precisión el precio de una operación de comercio exterior.

La CAC advierte sobre un problema que excede a Ramallo

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios planteó que el caso de Ramallo se suma a otras situaciones en las que municipios o provincias establecen tasas, regímenes de recaudación o exigencias aplicadas al tránsito de mercaderías. La entidad mencionó de manera particular los regímenes de recaudación vigentes en Misiones, que según su evaluación pueden generar retenciones impositivas sobre cargas que atraviesan la provincia.

La CAC sostiene que esas prácticas funcionan como barreras internas porque obligan a las empresas a afrontar costos adicionales o a modificar sus recorridos para evitar determinados controles y pagos. Cuando una firma cambia la ruta no por razones de distancia, seguridad o disponibilidad de infraestructura, sino para eludir una carga tributaria, la decisión puede aumentar los kilómetros recorridos, el consumo de combustible y los tiempos de tránsito.

La entidad empresaria vinculó estas distorsiones con la presión tributaria subnacional y reclamó que no se agreguen nuevas cargas mientras el Gobierno nacional impulsa una reducción gradual de impuestos. Más allá de la discusión política sobre el nivel general de tributación, el punto operativo es que las empresas necesitan reglas previsibles y homogéneas para organizar sus circuitos de distribución.

El planteo también tiene una dimensión federal. El transporte de cargas atraviesa límites municipales y provinciales de manera permanente. Si cada jurisdicción establece mecanismos propios, con requisitos, tarifas y sistemas de cobro diferentes, aumenta la complejidad administrativa para las empresas, en especial para las pequeñas y medianas transportistas que no cuentan con grandes equipos legales o fiscales.

Cómo puede trasladarse el conflicto a la cadena portuaria

El Acceso Sánchez conecta la Ruta Nacional 9 con áreas industriales y el Puerto de San Nicolás, por lo que el conflicto tiene una relación directa con la logística portuaria. Los camiones que transportan insumos, materias primas o productos destinados a embarque pueden incorporar el costo de los pórticos a sus presupuestos de viaje. En operaciones con márgenes ajustados, esa variación puede influir en la elección del transportista o en la negociación del flete.

Para los exportadores, la previsibilidad es especialmente importante. Una carga que llega tarde a una terminal puede perder un turno, alterar la coordinación con depósitos o afectar la secuencia de ingreso de camiones. Si el nuevo esquema genera demoras o discusiones en los accesos, el problema puede extenderse a la planificación de ventanas operativas y al uso de equipos de transporte.

Los importadores y las industrias radicadas en la zona también pueden verse alcanzados. El traslado de insumos desde el puerto hacia una planta depende de una estructura de costos que incluye fletes, almacenamiento, seguros y eventuales cargos locales. Un aumento en cualquiera de esos componentes puede modificar el costo de abastecimiento y trasladarse a la cadena productiva.

En ese sentido, resulta útil seguir la evolución del reclamo junto con el análisis de las principales variables de la logística argentina y de los costos que inciden en el comercio exterior. La discusión no se limita al transporte por carretera: también alcanza la coordinación entre rutas, depósitos, plantas industriales y terminales.

Qué deberían observar los operadores mientras se define la situación

Mientras no exista una resolución que suspenda o modifique el sistema, los dadores de carga y las empresas de transporte deberán verificar cómo se aplica el cobro, qué vehículos quedan alcanzados, qué comprobantes se emiten y si existen diferencias según el destino o el tipo de operación. También será importante registrar los costos efectivamente abonados y las eventuales demoras, porque esos datos pueden servir para renegociar servicios o documentar perjuicios.

Los operadores deberían incorporar el acceso al presupuesto de cada viaje cuando la ruta tenga como destino el parque industrial o el área portuaria conectada por el tramo. Esa previsión permite evitar desvíos improvisados y mejora la comparación entre alternativas logísticas. Sin embargo, la existencia de un desvío más largo no necesariamente resuelve el problema: puede elevar el consumo de combustible, los tiempos de conducción y el desgaste de los vehículos.

También será necesario prestar atención a la coordinación institucional. La CAC pidió la intervención del Ministerio de Economía de la Nación y de las autoridades provinciales correspondientes. Fadeeac, por su parte, sostiene el reclamo sectorial en representación de empresas y entidades vinculadas con el autotransporte de cargas. El resultado dependerá de las decisiones administrativas, de la eventual actuación judicial y de la respuesta del municipio.

Un costo municipal que puede modificar decisiones de transporte y abastecimiento

La disputa en Ramallo puede tener efectos concretos sobre la forma en que transportistas, industrias y operadores portuarios diseñan sus recorridos. Si los cargos se mantienen, deberán incorporarse al cálculo del flete y a la planificación de los viajes que utilicen el Acceso Sánchez. Si se suspenden o revisan, las empresas necesitarán actualizar contratos, presupuestos y sistemas internos de liquidación.

El caso también pone en debate el límite entre la potestad local para administrar caminos y la necesidad de garantizar la circulación interjurisdiccional de bienes. Para el sector empresario, una infraestructura que conecta rutas nacionales con un parque industrial y un puerto no puede ser tratada como un acceso aislado cuando no existen alternativas razonables para el transporte pesado.

La resolución que adopten las autoridades será seguida de cerca por otros municipios y por las compañías que operan en corredores industriales. Una validación del esquema podría incentivar reclamos similares en distintas jurisdicciones; una suspensión, en cambio, podría marcar un criterio para revisar cargos que inciden sobre el tránsito de mercaderías. Por ahora, la CAC y Fadeeac mantienen su rechazo y reclaman que se restablezcan condiciones previsibles para el transporte, la industria y la actividad portuaria.

La fuente original de esta información es Trade News. El desarrollo del caso continuará atado a las decisiones oficiales sobre la legalidad, la aplicación y la eventual suspensión de los cobros denunciados.