Tensión en San Lorenzo por ferias populares sin aval municipal

La organización de una nueva feria de la economía popular en San Lorenzo, impulsada por referentes del Movimiento Evita, generó un fuerte conflicto con el municipio local. El Gobierno comunal advirtió que el evento no contaba con autorización, lo que derivó en acusaciones cruzadas sobre presiones políticas y aplicación discrecional de la normativa vigente.

El reciente conflicto entre el Movimiento Evita y la Municipalidad de San Lorenzo puso nuevamente en debate el funcionamiento de las ferias populares y su encuadre dentro de la normativa local. La feria, que lleva varios años activa, fue organizada por emprendedores nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), pero esta vez sin la autorización formal del municipio. La situación derivó en tensiones públicas y versiones contrapuestas sobre el cumplimiento de la ordenanza que regula este tipo de eventos.

Según Fuente original, la información se basa en Fuerte cruce entre el Movimiento Evita y el Municipio por la realización de ferias populares.

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ferias populares San Lorenzo: Posturas enfrentadas entre el Movimiento Evita y la Municipalidad

Martín Cerdera, dirigente del Movimiento Evita y uno de los impulsores de la feria, cuestionó con dureza la actitud del municipio. Según explicó, los emprendedores recibieron mensajes desde la Secretaría de Producción advirtiendo que el evento no estaba habilitado y que quienes participaran podrían quedar excluidos de otras ferias oficiales. Cerdera calificó esa advertencia como una forma de presión y aseguró que la medida responde a un trasfondo político más que técnico.

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En declaraciones públicas, el referente social sostuvo que la ordenanza aprobada a fines del año pasado carece de una reglamentación clara, lo que deja margen para decisiones discrecionales. También agregó que los requisitos exigidos no siempre son explicados ni aplicados con criterios uniformes. “Nos piden documentación que después no saben dónde presentar ni cómo validar”, reclamó el dirigente, al tiempo que defendió la trayectoria de la feria, que habría cumplido con normas sanitarias básicas como el carnet de manipulación de alimentos.

Desde el municipio, la respuesta no se hizo esperar. Damián Perassi, secretario de Producción, rechazó de plano las acusaciones de persecución política y sostuvo que la notificación enviada a los feriantes se limitó a informar la falta de habilitación oficial. “No hubo extorsión ni condicionamientos. Simplemente se advirtió que la actividad no estaba regularizada y podía generar sanciones”, expresó el funcionario.

La ordenanza y los requisitos para las ferias populares

La normativa municipal vigente establece que la realización de ferias y eventos similares requiere autorización previa, presentación de un listado de participantes y documentación sanitaria. Según Perassi, se trata de requisitos mínimos para garantizar orden, seguridad y equidad con el comercio formal. “No pedimos nada excesivo. Solo buscamos que los espacios sean seguros y que todos los emprendedores estén identificados”, explicó.

El funcionario también defendió la necesidad de proteger al comercio tradicional, que tributa tasas locales y afronta costos fijos. “El objetivo es ordenar el uso del espacio público y evitar que algunos sectores trabajen sin reglas claras. Las ferias son valiosas, pero deben integrarse a la planificación urbana y comercial”, añadió.

El Movimiento Evita, en cambio, considera que la ordenanza opera como una herramienta de control político. En su visión, el municipio prioriza las ferias organizadas directamente por el Gobierno local y limita la participación de grupos independientes. Cerdera afirmó que, si las reglas fueran iguales para todos, los feriantes no tendrían problemas en cumplirlas, aunque insistió en que el proceso de autorización “se usa selectivamente”.

Contexto económico y social de los emprendedores

La disputa ocurre en un escenario de dificultades económicas que afecta especialmente a los sectores de la economía popular. Para muchos emprendedores, las ferias constituyen una de las pocas oportunidades de venta directa. En ese contexto, la incertidumbre regulatoria genera preocupación. Las asociaciones de trabajadores autogestionados insisten en que la habilitación no debería transformarse en un obstáculo para sostener sus ingresos.

En los últimos años, distintas ciudades del cordón industrial santafesino promovieron espacios feriales con acompañamiento estatal. En algunos casos, los municipios establecieron normativas específicas para equilibrar la convivencia entre ferias y comercios establecidos. Sin embargo, las interpretaciones sobre su aplicación siguen siendo motivo de controversias, especialmente cuando intervienen organizaciones sociales con presencia territorial.

La mirada del municipio sobre la convivencia con el comercio local

Desde la Secretaría de Producción sanlorencina sostienen que las ferias deben integrarse a la política económica local y no competir con el comercio tradicional. Perassi subrayó que las ferias impulsadas por el municipio cuentan con más de 200 emprendedores y que no se discrimina por afinidad política. “No preguntamos filiaciones partidarias. Lo que pedimos es que cada participante cumpla las normas básicas y se integre en un cronograma coordinado”, declaró.

El funcionario destacó que el municipio está dispuesto al diálogo con las organizaciones para regularizar la situación. Propuso que los referentes presenten la documentación correspondiente y se incorporen a la planificación oficial de ferias. A su vez, manifestó que el municipio no busca obstaculizar la economía popular, sino asegurar condiciones de equidad y control sanitario adecuadas.

Repercusiones políticas y proyección local

El conflicto no solo tiene implicancias económicas, sino también políticas. En un año donde comienzan a delinearse estrategias para las elecciones de 2027, la confrontación entre el Movimiento Evita y el municipio de San Lorenzo refleja un reacomodamiento de fuerzas dentro del escenario local. La economía popular, cada vez más extensa, se ha convertido en un espacio con peso político, social y territorial, lo que explica la sensibilidad del tema.

De acuerdo con la información publicada por SL24, ambas partes coincidieron en que el diálogo sigue abierto. Sin embargo, las diferencias conceptuales sobre la aplicación de la ordenanza continúan sin resolución. Mientras los emprendedores reclaman reglas claras para seguir trabajando, el municipio insiste en la necesidad de un marco regulatorio firme.

Efectos sobre la actividad económica local y la circulación de productos

Las ferias populares cumplen un rol creciente en la distribución de productos locales, alimentos frescos y manufacturas de pequeña escala. Su interrupción o restricción puede afectar la microeconomía urbana, el flujo de ingresos de familias vulnerables y la oferta minorista alternativa. Si bien San Lorenzo no depende directamente de la actividad portuaria para este tipo de eventos, el control y la organización del espacio público inciden en la dinámica comercial general de la región, donde confluyen corredores logísticos y actividades industriales vinculadas al comercio exterior.

La coexistencia entre pequeñas unidades productivas y comercios formales plantea desafíos de regulación en todo el país. En ciudades portuarias del litoral como Rosario o Villa Constitución, la articulación entre ferias, mercados y corredores logísticos ha sido clave para sostener el empleo informal de manera ordenada. En este sentido, lo que ocurre en San Lorenzo podría servir de antecedente para ajustar normativas locales y mejorar la integración entre el sector popular y la economía formal.

Posibles caminos para destrabar el conflicto

Tanto el municipio como los organizadores reconocen la necesidad de un nuevo equilibrio. Los feriantes reclaman mayor transparencia en los procesos de habilitación, mientras que el gobierno local busca fortalecer controles y evitar la saturación del espacio público. Un esquema de registro permanente, con ferias calendarizadas y protocolos sanitarios uniformes, podría ofrecer una salida institucional al conflicto.

En paralelo, organizaciones sociales y cámaras de comercio podrían participar en mesas de diálogo para debatir criterios de convivencia. La experiencia de otras localidades donde se crearon registros de emprendedores certificados demuestra que la formalización parcial reduce tensiones y amplía el acceso a programas de financiamiento o capacitación.

Por el momento, la feria organizada por el Movimiento Evita se realizó sin incidentes, aunque bajo observación municipal. Los feriantes esperan mantener sus actividades, mientras el Ejecutivo local insiste en que todos los eventos deben ajustarse al marco legal. En una ciudad con fuerte presencia industrial, el crecimiento de la economía popular aparece como un termómetro de la situación social y de la necesidad de políticas que equilibren inclusión y control.